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El vendedor de un establecimiento está sometido también a la obligación de saneamiento por evicción y por vicios ocultos (arts. 1474 y ss. CC), tanto si la evicción o los vicios afectan a la totalidad como si afectan a alguno de los elementos esenciales para su normal explotación. También procederá el saneamiento individualizado de aquellos elementos del establecimiento vendido que sean de importancia por su valor patrimonial (arts. 1532 CC y 66.2 LSC).
En la práctica, sin embargo, los contratos de compraventa de establecimientos o empresas –o de la totalidad o de la mayoría de las acciones o participaciones de sociedades titulares de tal clase de bienes– suelen contener determinadas «manifestaciones» y «garantías», que amplían sensiblemente los medios de tutela del comprador. Las «manifestaciones» –que suelen tener el más variado contenido (realidad de los estados financieros, situación de los libros obligatorios, situación fiscal, regularidad y suficiencia de las licencias y autorizaciones administrativas, etc.)– tratan de establecer los «presupuestos» en base a los cuales el comprador ha formado la voluntad de comprar, desplazando así sobre el vendedor los efectos de la inexactitud o de la falsedad de esos datos: el vendedor que formula determinadas «manifestaciones» garantiza al comprador que los datos en ellas contenidos o los documentos a los que las mismas se refieren son reales y veraces, de modo tal que, si esos datos no se corresponden con la realidad, habrá «no conformidad» de la empresa adquirida, pudiendo el comprador resolver el contrato de compraventa (art. 1124 CC y STS 30 de junio de 2000; v. también, sin embargo, STS de 20 de noviembre de 2008), con indemnización de daños y perjuicios (art. 1101 CC). Al igual que las «manifestaciones», las «garantías» tienen un contenido heterogéneo. Así, por ejemplo, el comprador, si ya ha pagado íntegramente el precio, suele exigir una garantía (por lo general, un aval a primer requerimiento) para cubrir futuras contingencias.