Читать книгу Régimen jurídico de la actuación administrativa. Volumen I. Acto y procedimiento; contratos; jurisdicción contencioso-administrativa онлайн

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La Administración pública está al servicio de los intereses generales (art. 103 CE), que definen el Legislador y el Gobierno respectivo, de acuerdo con el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas y las que corresponden a las entidades locales. En el marco constitucional, hay muchas opciones para determinar lo que deben hacer los poderes públicos y cómo deben hacerlo (directamente, con sus propios medios o indirectamente a través de empresas privadas). En las últimas décadas se ha producido una importante evolución tendente a reducir el protagonismo de los poderes públicos como prestadores directos de servicios para erigirlos en “garantes” de esas prestaciones, con independencia de quien sea su proveedor. No obstante, en España la prestación directa por el Estado (en sentido amplio) sigue siendo muy importante en ámbitos como la educación, la sanidad y los servicios sociales en general. Este es un debate fundamentalmente político, aunque con condicionantes jurídicos importantes a la hora de configurar el modo de prestación y el contenido de ésta.