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En este sentido, la publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales supone un cambio radical en el marco previo de acceso a la abogacía caracterizado, en suma por la necesidad de que los alumnos de grado de las universidades españolas tengan que realizar un master oficial que recibe, precisamente, el nombre de «master de acceso a la abogacía» que se adiciona con un prueba de estado que debe realizar el Ministerio de Justicia y que debe servir para conseguir la habilitación general que permite la incorporación a los colegios profesionales, en este caso, de abogados.

Los continuos cambios en la redacción y ámbito de aplicación temporal de la norma, la eventual incidencia del Proyecto de Ley de Colegios y Servicios profesionales, la falta de concreción del contenido y de las reglas de realización de la primera prueba de estado han sumido a una generación de estudiantes en una profunda indefinición y no permiten, hoy, fundar en la experiencia un marco estable en el que concretar los proyectos educativos, formativos, profesionales, académicos y, en este caso, editoriales.