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El tercer cambio estructural seleccionado es la ampliación de los recursos públicos o, lo que es lo mismo, la mayor importancia de las Administraciones Públicas, que puede ser medida por el aumento de peso del gasto público en el PIB. Este es un hecho empírico común a otros países, que ha afectado muy positivamente a la distribución de la renta, aunque quizá a cambio de ralentizar el crecimiento. Pues, en efecto, si bien una parte del gasto público ha estimulado la productividad del sector privado, favoreciendo la acumulación de capital en sus diversas formas (infraestructuras de toda índole, tanto económicas –transporte, comunicaciones, energía, investigación y desarrollo– como sociales –educación y sanidad–), la vertiente de los recursos públicos que ha revelado un mayor dinamismo ha sido la de transferencias (pensiones, desempleo...), favorecedora del consumo, en lugar de la inversión, dado que los perceptores de subsidios poseen mayoritariamente bajos o moderados niveles de ingresos.