Читать книгу Desarrollo urbano sostenible y economía circular en perspectiva jurídica онлайн

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Por todo lo dicho hasta el momento, resulta innegable que en los próximos años se va a disponer de una ingente cantidad de dinero con la que acometer las reformas que permitan alinear a nuestro país con los objetivos de transformación verde y digital. En este sentido, tal y como afirma PATÓN GARCÍA, las políticas públicas de gasto público y la fiscalidad den estar coordinadas, con el objetivo de conseguir la consecución de los objetivos perseguidos: en este caso, el avance hacia una economía circular, integrada en un modelo urbano más sostenible y en el que mujeres y hombres coexistan en igualdadssss1.

Junto a la función transformadora, el gasto público cumple con otra función primordial en todo el proceso de cambio social: la compensación a los más afectados por estas transformaciones sociales. Y es que a pesar de que se ha demostrado que la cuestión medioambiental no es ajena a las desigualdades económicas –como tampoco lo es a las desigualdades de género, tal y como se pone en relieve a lo largo de esta obra, y en especial en el último capítulo–, el abandono de la economía lineal puede genera un impacto negativo en los sectores de población más vulnerables. Por ello, se ha acuñado el término “transición justa”, con el que se pretende hacer hincapié en la necesidad de acompañar a quienes más se vean afectados por los posibles efectos regresivos de las medidas que, en aras de la sostenibilidad, se puedan adoptar. Un ejemplo claro lo encontramos en el en el ámbito de la fiscalidad energética, en la medida en que los hogares con menos recursos deberán destinar una proporción más alta de sus ingresos para sufragar los nuevos impuestos o las subidas de los existentes. Por tanto, no solo para conseguir una mayor aceptación social –y evitar situaciones como las vividas en Francia con los chalecos amarillos hace unos años–, sino por una cuestión de justicia social, las políticas de gasto público han de estar coordinadas con las medidas fiscales, garantizando que la transición sea realmente justa y no quede en una bienintencionada declaración.