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Para ello, el Gobierno pone a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, concretando, en su apartado segundo, que tales indicadores deberán dirigirse a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre otros. Por tanto, es claro que la ordenación jurídica de la RSC debe estar en clave de fomento.

Además, este fomento debe estar conectado con las garantías de transparencia a las que ya hemos aludido, lo que se pone de manifiesto por el referido art. 39, en su apartado tercero, al referirse, por un lado, a la información que deben proporcionar las empresas y al Informe anual de Responsabilidad Empresarial que determinadas organizaciones deben comunicar al Consejo Estatal de Responsabilidad Empresarial; y, por otro, la posibilidad de cualquier empresa que solicite el reconocimiento de su carácter de empresa socialmente responsable, de acuerdo con los requisitos que fije el Consejo.