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En definitiva, la falta de intervención municipal, la escasísima presencia de particulares interesadosssss1 así como la tendencia a aislarse las colonias de este periodo de sus municipios matrices, llevan a una visión de la doctrina tendencialmente pesimista en cuanto a los logros de la Junta Central.

Una de las últimas menciones legislativas que encontramos referente a la Junta se ubica precisamente en un decreto que autoriza la inversión de fondos del tesoro del emigrante en fines de colonización y repoblación interior “previo informe favorable de la Junta central de Emigración”, ante la pervivencia de la interconexión del binomio emigración-colonización. Allí se afirma que a pesar de “no ser posible hoy la constitución de aquel organismo no debe ser obstáculo para el cumplimiento de la finalidad que perseguía la disposición mencionadassss1”, atribuyendo los fondos a la misión colonizadora. De este modo, enlazan los intentos colonizadores previos a la guerra civil, con los posteriores a la misma, mediando el gran hito de la Ley de Reforma agraria de la II República.