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La contraposición entre las llamadas «representación-mandato» y «representación-independencia» ha puesto de manifiesto, una vez más, el tema del mandato imperativo. A ello se agregan las críticas por no haber sabido responder adecuadamente a los estragos causados por la crisis financiera reciente ¿CUÁL?, al aumento de la desigualdad social, la percepción de una clase política autónoma desconectada de los votantes y la extendida corrupción descubierta, en un ambiente de cambio por la globalización de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías.

Los críticos más agudos argumentan que el poder se encuentra donde están los ciudadanos y no en las instituciones llamadas a representar la voluntad general. Retomar ese control, afirman, es retomar la soberanía, y se apoyan en el constitucionalismo clásico que afirma que hay que controlar el poder poniéndolo al lado de los ciudadanos, para volver a utilizar su fuerza inclusiva. La soberanía se convierte así en la clave para interpretar la crisis que ya anunciaba el proceso de globalización, en virtud del cual el poder de las corporaciones trasnacionales supera el poder de los Estados de tamaño medio. Esta crisis ha hecho, dicen esos críticos, que tanto los ciudadanos como las instituciones que los representan hayan perdido el poder que hoy detentan los mercados financieros, lo que desafía al constitucionalismo democrático que se construye teniendo como base la dignidad humana, constitucionalismo que ha combatido y triunfado en el terreno de los principios. La crisis de legitimidad se deriva, según esa argumentación, de la incapacidad de las instituciones para defender justamente los postulados alcanzados por el constitucionalismo democrático, porque sus estructuras jurídico-políticas no pueden contener la brecha entre lo que postulan los principios y la realidad. «La crisis —dice Guillén— es la brecha entre la sociedad y el Estado, la expresión de la fuerza normativa de lo fáctico, la muestra de la incapacidad del Estado de integrar el conflicto social aportando soluciones satisfactorias a los titulares de la soberanía»82.