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Los miembros de una sociedad no tienen solo derechos sino también deberes que van más allá del respeto a los derechos de los demás; en otras palabras, un compromiso con los intereses de la sociedad en su conjunto e inclusive más allá, porque el proceso de globalización implica ampliar el espacio público para gestionarlo adecuadamente, pues antes se entendía como un territorio propio del Estado nacional. En efecto, la soberanía del Estado ya no es indivisible, pues está diluida en un continuo flujo de interdependencias, tanto en el ámbito de lo económico como en el de lo financiero; es hoy un actor «semisoberano». Para articular políticamente a la sociedad, tendrá ahora que ser más cooperativo y concentrarse básicamente en los bienes colectivos esenciales, moderando los desarrollos sociales. Ello no hace que renuncie a su antigua pretensión de configurar el espacio social, pero ya no con el modelo jerárquico tradicional, que se ha debilitado sin remedio. En la actualidad debe contrapesar la dinámica centrífuga de los variados intereses y preferencias culturales, buscar la compatibilidad de los sistemas funcionales autónomos, con especial énfasis en sociedades heterogéneas, convirtiéndose en una instancia que asuma la responsabilidad por el sistema democrático en su conjunto. Como dice Innerarity, «tanta cooperación como sea posible, tanta jerarquía como sea necesaria, podría ser una máxima del buen gobierno y la buena administración»113.

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