Читать книгу El precio de la democracia онлайн

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Quiero ser claro: lo antes dicho no significa de ninguna manera que la fórmula de financiamiento público que se ha asentado en nuestro país no pueda, e incluso no deba, estar exenta de una minuciosa revisión y, eventualmente, de una racionalización de los altos montos que hoy se destinan al financiamiento público de los partidos políticos. Pero ello debe ocurrir, en su caso, como resultado de una amplia e incluyente discusión pública que no pierda de vista ni ponga en riesgo los tres propósitos principales que llevaron a apostar, en la reforma electoral de 1996, por la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado, es decir: a] generar condiciones de equidad en la competencia política, al garantizar a todos los partidos un piso financiero mínimo para realizar sus actividades ordinarias y desplegar sus campañas electorales; b] transparentar el financiamiento de la política, al tener absoluta claridad sobre el origen de la mayor parte del dinero que reciben los partidos como parte de sus prerrogativas de financiamiento, y c] generar condiciones de autonomía para los partidos políticos frente a los intereses que invariablemente subyacen a las aportaciones económicas que los privados realizan a la política. Además, esa discusión no puede ser ajena a determinar de manera informada y objetiva cuáles son las verdaderas necesidades de gasto de los partidos políticos, pues cerrar la “llave” del financiamiento público sin atender a aquéllas puede conllevar el efecto perverso de provocar que los partidos recurran a buscar dinero en donde, para preservar el buen estado de la democracia, no es conveniente que lo hagan, es decir, recursos provenientes de los grandes grupos de interés o, incluso, de fuentes ilegales.