Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн
104 страница из 287
En noviembre de 1931, el Partido Democrático inició una campaña por la amnistía y liberación de los presos. En el Congreso el diputado Abraham Quevedo (P. Comunista) solicitó «cuanto antes una amnistía general para todos los marinos, para las tripulaciones y para los suboficiales que tomaron parte en la bullada sublevación de Coquimbo»166. Los familiares de los presos y sus partidarios realizaron manifestaciones públicas, solicitaron audiencias al presidente Juan Esteban Montero para pedir su liberación. La FOCH y otras organizaciones se sumaron a esas peticiones. Pero no tuvieron éxito. En febrero de 1932 se promulgó una ley de reparaciones para las víctimas del Ejército caídas en septiembre de 1931 en los sucesos desencadenados por el motín167.
El país seguiría convulsionado y se dictaría la ley 5.103, que declaró en estado de sitio todo el territorio nacional el 8 de abril de 1932, por sesenta días, otorgándole facultades extraordinarias al Presidente de la República.
El primero de mayo de 1932, algunos de los presos iniciaron una huelga de hambre, la que tuvo gran publicidad. Desde el inicio tuvieron el apoyo de sus familiares, de Arturo Alessandri y de algunos miembros del Congreso. Se fueron sumando otros: la Convención del Partido Socialista Marxista, la Asamblea Radical Socialista, la Federación de Estudiantes, el Partido Democrático y el Partido Comunista. Todos ellos demandaban a las autoridades que se les otorgara amnistía.