Читать книгу Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile онлайн
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De acuerdo a las órdenes emitidas por el General Barrios Tirado, los allanamientos de un pabellón completo se iniciaron el día 15 de octubre, deteniéndose a sus ocupantes para «conducirlos al pontón al ancla en Lota», donde serían instalados. Las condenas, según señalaba, durarían entre tres y cinco años. Simultáneamente, se notificaría a los familiares de los detenidos en la isla Quiriquina que tendrían un plazo de ocho días para abandonar las viviendas, pues ellas serían entregadas a los trabajadores que reemplazarían a los detenidos41.
La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad»42. Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero»43. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo»44.