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Es por eso que autores como Gosta Esping-Andersen (1990) afirman que “el criterio principal de los derechos sociales debería ser el grado en que permitan a las personas desarrollar niveles de vida independientes de las fuerzas del mercado puro. En este sentido, los derechos sociales disminuyen el estatus de ‘mercancía’ de los ciudadanos”, y por lo tanto aumentan su libertad.

Es curiosa la contradicción entre esta interpretación del Estado de bienestar como fuente de libertad, y la visión exactamente opuesta de Hayek, a saber, que el Estado de bienestar es un “camino de servidumbre”. De hecho, en 1942, cuando Beveridge publicó el informe que dio origen al Estado de bienestar británico, Hayek, traumatizado por los Estados totalitarios nazis y soviéticos, predice que la extensión del Estado de bienestar es solo el comienzo de un camino de sumisión de los individuos al capricho de los estados y sus gobernantes.

Es evidente a nivel teórico que ambas concepciones se pueden defender y/o atacar de forma aislada. Uno puede imaginar políticos corruptos que explotan los beneficios del Estado de bienestar para sobornar a los beneficiarios, en cuyo caso perderían la libertad y se someterían a sus deseos. Pero esto implica la ausencia o fragilidad del Estado de derecho, porque en el Estado de bienestar los beneficios deben asignarse de acuerdo con criterios preestablecidos.