Читать книгу Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación rural онлайн

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Disponemos, pues, de herramientas conceptuales y de técnicas administrativas útiles para combatir la despoblación rural. Lo cual no significa que podamos efectivamente combatirla, ni mucho menos que podamos llegar a alcanzar el “equilibrio demográfico” que se fija explícitamente como principio inspirador de la política de ordenación del territorio, por ejemplo, en el Estatuto de Aragón (2007: art. 71.8).

El camino a seguir viene siendo orientado a través de variados marcos programáticos que incluyen también listados de medidas concretas a adoptar. Un ejemplo de tal planteamiento se encuentra en la Directriz especial contra la despoblación de Aragón (Decreto 165/2017), que trata de hacer frente al fenómeno del envejecimiento poblacional y la desertización. Nada menos que un 72,77% del territorio autonómico reúne únicamente al 2,06% de los habitantes de la Comunidad Autónoma, agrupados en 872 asentamientos “de problemática viabilidad”. La directriz presenta la novedad, frente a documentos anteriores de difícil encaje conceptual, de estar elaborada conforme a lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (Decreto legislativo 2/2015), lo que permite insertarla en un régimen jurídico general que establece los documentos integrantes del instrumento, los procedimientos a seguir, los órganos competentes y los efectos correspondientes. No obstante, según se advierte en el preámbulo de la propia directriz, “los epígrafes de carácter normativo son escasos”. Predomina la identificación de estrategias que orientan la actuación de los poderes públicos en relación con el mercado laboral, la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la movilidad, las nuevas tecnologías, el envejecimiento, las mujeres, los jóvenes, la inmigración y otros aspectos. En un esfuerzo por fijar el alcance de esos grandes ejes de actuación, en la directriz se incluyen también medidas que concretan el alcance de las estrategias.

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