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El desarrollo rural, entendido como “el conjunto de actividades y acciones de diversos actores que en conjunto conducen al progreso en las áreas rurales” (Shepherd, 1998) se vuelve imprescindible para frenar este proceso de sangría demográfica. Si bien, este es un concepto que ha ido cambiando desde su concepción, como respuesta a la cada vez mayor complejidad de las áreas rurales, donde la agricultura se ha ido relegando de forma paulatina, dejando así de constituir un aspecto distintivo de estos territorios (Nieto y Gurría, 2010). Y con el cambio en el concepto de desarrollo rural, también el énfasis de las políticas enfocadas en los territorios rurales ha cambiado. De un enfoque centrado fundamentalmente en el sector agrario, se ha pasado a un enfoque más holístico e inclusivo que incorpora otros sectores económicos, además del medio ambiente, abogando así por una mayor sostenibilidad de las áreas rurales.

Tal es el caso de la Unión Europea, donde sus políticas de desarrollo rural tenían su foco inicial en la agricultura, a través de la Política Agraria Común (PAC), para posteriormente ir dando paso a políticas cada vez más integrales, que tratan de fomentar el desarrollo rural endógeno de los territorios a través de otras actividades económicas, y que han motivado la aparición de fondos como los LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Économie Rural).

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