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Meses más tarde, el 24 de junio de 1969, el gobierno de Velasco emitió el decreto ley de reforma agraria, que supuso la expropiación de miles de haciendas, desde los modernos complejos agroindustriales de la costa hasta las tradicionales haciendas de la sierra, y su transferencia a cooperativas agrarias de producción y otras formas asociativas conformadas por trabajadores del agro. Esta medida significó un golpe mortal a la poderosa oligarquía terrateniente y, como no podía ser de otra manera, desencadenó una feroz oposición política y mediática de este sector y sus aliados contra el gobierno. Al año siguiente, el gobierno emitió el decreto ley general de industrias, que incluyó el derecho a la participación accionarial de los trabajadores. La conformación de las comunidades industriales, que incluyó también al sector de medios de comunicación, abrió un nuevo frente de confrontación pública entre el gobierno y las élites industriales.

Bajo este marco, se caía de madura una reforma en el sector de medios de comunicación, considerados importantes agentes de difusión de la ideología de las clases dominantes y adversarios acérrimos de la revolución. El primer paso fue la toma de los diarios Extra y Expreso, de propiedad de las familias Mujica Gallo y Ulloa Elías. Posteriormente, el gobierno decretó la expropiación del 51% de las acciones de los canales de televisión y el 25% de las estaciones de radio, y emitió el Estatuto de la Prensa. Finalmente, se decidió expropiar los diarios de circulación nacional para transferirlos a sectores organizados de la sociedad civil, proceso que no concluyó debido a que el gobierno mantuvo el control editorial de los periódicos confiscados.

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