Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн

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Sin embargo, entre 1932 y 1938 se trataría de una democracia restringida mediante los regímenes de excepción constitucional y las facultades extraordinarias para contener los efectos de las crisis pasadas y de las siguientes que vendrían⁴³². La primera ley de facultades extraordinarias del gobierno de Alessandri fue la ley 5.163, que rigió entre el 28 de abril y el 28 de octubre de 1933. Estas facultades se renovarían el 14 de diciembre de 1933 por otros seis meses. Y muchas veces, el auto acordado del 19 de diciembre de 1932, que exigía la «expedita y eficaz» atención a los recursos de amparo sería letra muerta. La herencia política de la «segunda anarquía», como algunos historiadores han denominado este período, sobreviviría todavía en el siglo XXI⁴³³.

Arturo Olavarría menciona en sus memorias que el propósito de las leyes que conferían facultades extraordinarias al Ejecutivo era «prevenir actividades contrarias al orden público y la estabilidad institucional. Algunos militares sentían la nostalgia del gobierno de la dictadura, en que gozaron de situación privilegiada y pretendían volver a las andadas»⁴³⁴. La primera ley, de abril, 1933, además de restringir las garantías constitucionales y la libertad de imprenta, dejaba establecido que «el Ministro de Interior, podrá requerir, cuando los antecedentes arrojen un delito contra la seguridad interior del Estado, la iniciación del correspondiente proceso criminal. De estos procesos conocerán los Tribunales señalados en el artículo 3º de la ley 5.091 de 1932». También indicó que no se tomaría en cuenta el fuero de los inculpados en cuanto a la competencia judicial y que el proceso iniciado debería tramitarse hasta su fin, independientemente de la duración de las facultades extraordinarias.