Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн
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Cuatro años después, los cuatro exministros de la Corte Suprema formarían parte de la Comisión Investigadora de los Actos de la Dictadura que funcionó a la caída del gobierno de Ibáñez, desde el 4 de agosto hasta el 24 de diciembre de 1931. Uno de ellos, Alejandro Bezanilla Silva, la presidió. Mientras funcionaba la Comisión, los gobiernos interinos, acompañados por el controvertido congreso termal, tratarían de restablecer el régimen político creado por la Constitución de 1925104. Durante esos meses, se produjeron dos situaciones especialmente traumáticas para el país: la sublevación de la Escuadra (31 agosto-7 septiembre) y los llamados sucesos de Copiapó y Vallenar (25 diciembre). Las autoridades consideraron que en ambos casos estuvo en riesgo la seguridad interior del Estado, adoptándose medidas excepcionales para defender el régimen político.
La Comisión Investigadora se propuso analizar los aspectos políticos y la gestión financiera de la dictadura, entendida como los atropellos a los derechos de las personas y los actos de corrupción del régimen ocurridos hasta fines de julio de 1931. Entre los asuntos considerados por la Comisión, en la 9ª sesión plenaria (24 agosto, 1931), su presidente señaló «la conveniencia de dirigir un oficio a la Corte Suprema» para que recabara «de los miembros de las Cortes de Apelaciones y de los jueces y funcionarios del poder judicial una exposición de los actos abusivos [...] que hayan podido ser víctimas de parte de la dictadura y sus agentes o que hayan tenido conocimiento con motivo del ejercicio de sus cargos»105.