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Mucho más polémica fue su participación en la LOAPA. Desde que empezó el proceso de discusión de esta ley, en marzo de 1981, surgieron puntos de vista diferentes entre el PSOE y el PSC y dentro mismo del PSC.74 Lluch entendía que debía configurarse un desarrollo autonómico viable y basado en el realismo político.75 Buscaba una posición constructiva que diera estabilidad tras la crisis política del 23 F y estaba convencido de que regular/ordenar/armonizar el proceso autonómico era una necesidad política para consolidar las autonomías, aún en germen.76 El PSC, con sus dos almas identitarias, se tensionó. Lluch tenía una posición distinta a la de la dirección del PSC y, paradójicamente, ésta quiso que fuese él quien entregara en el último instante unas enmiendas (tendentes a salvaguardar la autonomía catalana) en el texto pactado por UCD y PSOE. Lluch no quiso hacerlo. Las razones eran tres: porque era condición del acuerdo llevar a la mesa del debate los diversos asuntos y no presentar enmiendas no negociadas en el último momento; porque, en el fondo, Lluch no era partidario de gestos o posiciones testimoniales si, como era el caso, se podía avanzar en la negociación de la mesa del acuerdo, y porque entendía que la proyecto de ley no afectaba a las competencias autonómicas catalanas.77 El debate fue intenso y el parlamento se dividió entre una mayoría pro LOAPA y una minoría anti LOAPA, que recurrió al Tribunal Constitucional, el cual falló con una sentencia salomónica (agosto 1983) que limitaba el carácter orgánico de poder armonizar las competencias de las autonomías recogidas en la Constitución.78

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