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Para el caso de la Administración central y en los ejemplos de Comunidades Autónomas que aquí se estudian, se ha procurado incluir aquellos proyectos y eventos con presupuesto inicial de adjudicación superior a los 10 millones de euros (en los tres niveles de gobierno, estatal, regional y local) que en la actualidad permanecen cerrados o en desuso, aquellos otros que están infrautilizados (capacidad de vehículos, pasajeros o mercancías respecto a previsiones iniciales, actuaciones deportivas, eventos culturales), aquellos que han supuesto sobrecostes desproporcionados, y finalmente proyectos que han tenido que ser rescatados por los poderes públicos que han debido asumir sus deudas. Excepcionalmente se incluyen algunos proyectos ejecutados que, aunque puedan considerarse un despilfarro porque se ha demostrado que no era una inversión prioritaria, por ejemplo, en ferrocarril, están en funcionamiento. También alguna reflexión sobre inversiones mal programadas en detrimento de otras que permanecen sin realizar por entender que se trata de alguna forma de mala utilización de recursos públicos. Con ello queremos significar que nuestra estimación de en torno a 80.000 millones de euros comprometidos de forma inadecuada en España durante el periodo 1995-2016 es a nuestro juicio inferior a las cantidades realmente malgastadas. En primer lugar, porque solamente se han seleccionado determinadas áreas; en segundo lugar, porque no se incluyen todos los proyectos fallidos e inútiles con presupuesto inferior a 10 millones de euros; y, en tercer lugar, porque hay compromisos de gasto público en actuaciones innecesarias o con sobrecostes elevados, ya acabadas, que suponen en torno a 20.000 millones de euros adicionales en los próximos años.

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