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Como veremos más adelante, Chile tiene un historial de activismo político. Sin embargo, lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 y en los meses posteriores es distinto. Careció de líderes visibles y alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos, con la destrucción de estaciones y trenes del metro de Santiago, fábricas, bodegas, supermercados, automóviles e infraestructura pública, calles, semáforos, peajes, señalética. Además, fue un fenómeno que se extendió por todo Chile.

A pesar de que algunos pretendan negarlo, no fuimos pocos los que habíamos advertido, como por ejemplo en El otro modelo (Atria et al., 2013), que la estrategia de desarrollo de Chile había alcanzado un tope, que el deterioro institucional era preocupante y que se requerían reformas importantes. Dicho límite lo asociábamos a las carencias de “lo público”, muy especialmente respecto de la institucionalidad política y, por lo tanto, a la Constitución misma. Sin embargo, la violencia y rapidez con que se detonaron los eventos desde ese 18 de octubre en adelante, nos tomó a todos desprevenidos.