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Cuando “ejercer la tarea de gobernar” implica tomar medidas cuyo costo es inmediato y afecta a comunidades específicas, mientras que los beneficios recaen sobre todo el país pero se verán en un tiempo más lejano (como ocurre cuando se trata de la aprobación de un gran proyecto de infraestructura), la oposición de los grupos afectados usualmente será efectiva en detener dicha iniciativa. A medida que las comunidades toman conciencia de sus derechos, aumenta su capacidad de organización y gobernar se vuelve más difícil. ¿Cómo implementar entonces medidas de beneficio para el país y distribuir adecuadamente los costos entre los ciudadanos? ¿Cómo hacerlo para que los ciudadanos piensen en las restricciones impuestas por el gobierno como opciones razonables que incrementan nuestra libertad sustantiva, aun cuando la coarten en el momento en que son impuestas? ¿Cómo hacemos para no perder la ilusión (en su doble sentido de espejismo y de aspiración) de la libertad?

Esta es la razón por la que la palabra clave de nuestra búsqueda de una institucionalidad moderna es legitimidad. La única forma en que los costos sean aceptados por la comunidad (aun cuando sea a regañadientes), es que sean fruto de un proceso de decisiones legítimo.

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