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Tras dos décadas de contar con un sistema plural de partidos políticos y de que la alternancia en los distintos órdenes de gobierno haya cobrado carta de naturalidad, las condiciones de existencia de la mayoría de la población no han mejorado de manera significativa.

Ha cambiado la política de México, permitiendo la expresión formal de la pluralidad política real. Pero las condiciones estructurales sobre las que transcurre la vida de millones de mexicanos no se han modificado. Las expectativas que despertó la democratización no se han colmado y, por el contrario, se deteriora la confianza en partidos, congresos, políticos e instituciones públicas.

Ahora bien, reconocer todo lo que la democracia no ha dado o no ha resuelto para las mayorías, ¿puede dar pie a conceder que hemos tenido una mera «democracia electoral» en demérito del empeño por edificar una «democracia sustantiva»? Más aún, ¿hay ciertos mecanismos y procedimientos legales de la «democracia formal» realmente existente que deberían trascenderse para poder avanzar hacia una deseable «democracia social»? Mi respuesta es clara: no hay atajos legítimos en la búsqueda de la equidad social que prescindan de las libertades y derechos que son inherentes a un sistema político democrático.