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El modelo electoral mexicano va de la existencia de una autoridad encargada de la organización de los comicios, autónoma al gobierno –que además incluye en los procesos electorales la conformación de órganos de decisión con la participación de ciudadanos ajenos al personal del INE– a la instalación de las casillas y el conteo de votos por ciudadanos seleccionados al azar para tal tarea, con el propósito de ofrecer certeza sobre la pulcritud del resultado electoral.

Este capítulo detalla cómo se organizó la elección de 2018 y muestra de qué forma desde un primer momento existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que sólo la libre voluntad de los electores definiera perdedores y ganadores. O, para decirlo en una nuez: por qué era imposible un fraude electoral.

El INE está definido en la Constitución como un organismo público autónomo, que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En su Consejo General están representados los partidos políticos y hay un consejero por cada fracción parlamentaria del Congreso de la Unión, con voz pero sin voto. Además, está conformado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales que tienen voz y voto. El presidente del Consejo y los consejeros electorales son designados por la votación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de tal suerte que su nombramiento debe ser fruto de amplios consensos políticos.⁴²