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Como aparece en el Libro Blanco de la Dependencia, el concepto restricción en la participación es el que la OMS (2001) equipara al de minusvalía. Describe los problemas que un individuo puede experimentar en diversas situaciones vitales. Las restricciones en la participación se establecen por la comparación con la participación esperada de un individuo sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad (IMSERSO, 2004).

En España, esta clasificación se recoge en la aprobación en 1982 de la Ley conocida como Ley de integración social de los minusválidos (LISMI), Ley ya desfasada, que define en su artículo 7 la minusvalía como: “toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”. Requiere de un reconocimiento oficial, de la calificación legal de minusvalía, que se barema a partir de grados expresados en porcentajes. En 2006 la Ley de Dependencia (BOE, 2006), promueve la sustitución de los términos “minusvalía” o “personas con minusvalía” por “persona o personas con discapacidad”.