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Ejemplos no faltan en este sentido, afectando tanto a planes urbanísticos como territoriales. Por citar algunos, la omisión del denominado informe de impacto de género fue una de las causas que determinó la nulidad del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional de la Costa del Sol en la provincia de Málaga, por el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de octubre de 2015 (RJ 2015, 6302), del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 19 de abril de 2017 (JUR 2017, 29513), si bien posteriormente revocada en casación por el Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (RJ 2018, 5384) o, más recientemente, del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunidad Valenciana, declarado nulo, entre otros, por idéntico motivo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en Sentencia de 11 de febrero de 2021 (RJCA 2021, 63).