Читать книгу Una arquitecta del cambio social desde el activismo y las políticas públicas. Testimonios de rutas compartidas con Isabel Martínez Lozano онлайн
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4.1. Mejora de la regulación normativa
Una parte, y de la mayor relevancia, de la política pública puede consistir en la mejora de la regulación normativa, en la adopción o modificación de nuevas disposiciones con fuerza legal o reglamentaria, que ordenen perfeccionándolo un reducto de los asuntos públicos, como es el de la discapacidad.
En su desempeño como dirigente política responsable de las políticas sociales, los aspectos normativos de la discapacidad fueron objeto de decisiones del máximo valor, como la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.1.1. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El 13 de diciembre de 2016 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) adoptaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de derechos humanos, el primero del siglo XXI, de carácter temático, nacido para promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. España lo ratificaba el 3 de diciembre de 2007 (depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la ONU) y cobraba vigencia en nuestro ordenamiento nacional el 3 de mayo de 2008, tras reunirse el número mínimo de ratificaciones de Estados previsto en el propio tratado para su entrada en vigor. Esta Convención, definida por los analistas como el hecho político, social y jurídico de mayor trascendencia ocurrido nunca en relación con las personas con discapacidad, obligaba –obliga– a los Estados parte a revisar todo su sistema legal para alienarse con este tratado internacional. Solo en el ámbito estatal español, y para normas de rango de Ley, esta adecuación comportaba la modificación de más de 90 leyes, muchas de ellas troncales del ordenamiento jurídico. Una labor legislativa ímproba que amerita el crecido impacto normativo de la Convención en Españassss1.