Este primer arranque del Estado español para efectuar un gradual ajuste del Derecho interno al tratado internacional de la discapacidad no se limitó a disposiciones de rango legal, sino que operó asimismo en el plano reglamentario, cuya atribución incumbe al Gobierno de la Nación, a impulsos del, en ese momento, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Este real decreto modificó, corrigiendo regulaciones previas contrarias a la Convención, numerosas disposiciones normativas de nivel reglamentario que reforzaban la protección jurídica de las personas con discapacidad. Es de señalar en particular una previsión notablemente audaz, contenida en la disposición adicional primera de esta Real Decreto, sobre designación de mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ella se dispone que “sin perjuicio de las funciones del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos, y a los efectos del número 2 del artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se designa al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España del citado Tratado internacional”. Se trata de una innovación a escala mundial, en la medida en que se concede este rol de seguimiento de una Convención de derechos humanos no a una institución pública estatal, lo que es lo usual, sino a la sociedad civil constituida por la organización más representativa de la discapacidad. El propio órgano de la ONU de supervisión y de seguimiento de la aplicación por parte de los Estados parte de este tratado internacional –el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– felicitóssss1 formalmente al Reino de España por esta decisión, cuando este fue sometido a revisión del grado de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad.