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Por un lado, se demanda de las empresas una implicación activa en las preocupaciones de la sociedad, una vez que comienza a percibirse el fenómeno de la crisis del Estado social, cuyo principal efecto es el reconocimiento de la incapacidad del Estado para gestionar y atender de manera eficaz y, prácticamente, en solitario las exigencias del interés general. Por lo tanto, hay una idea clave que es la consideración de la empresa como un agente activo de la sociedad, que debe estar legitimada por éstassss1, y que, en consecuencia, debe contribuir al aludido interés general identificado en este Trabajo con la protección ambiental. En este sentido, es obligado referir el principio de responsabilidad compartida, como el marco idóneo en el que las organizaciones de carácter privado pueden verse involucradas en la atención y satisfacción del interés generalssss1.

Por otro lado, entre los años 60 y 70 se producen grandes escándalos provenientes de multinacionales, que vienen a cuestionar la actuación de aquellas empresas que no incorporan en su actuación parámetros derivados de exigencias generales como la que representa la tutela del medio ambiente. En otros términos, se crea un estado de opinión que permite cuestionar la acción de las empresas, en la medida en que la repercusión de su actividad tiene efectos severos sobre el medio ambiente y deben destilarse las oportunas responsabilidades (baste pensar en los desastres ambientales de la industria química en Bophal en 1975, y con posterioridad en el hundimiento del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska en 1989ssss1).