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Para justificar esta necesidad de evaluación específica, es necesario, explicar la evaluación que se realiza y sus limitaciones, concretar los objetivos a conseguir, la elección de los programas de intervención y la reevaluación de los mismos, que proporcionará nuevos postulados teóricos que modificarán el marco teórico inicial haciendo que se adapte a las nuevas necesidades criminógenas.

El Objetivo General, definido y delimitado, es clave en el diseño de la investigación que nos ocupa, así, la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores, establece en su exposición de motivosssss1 que cada una de las medidas judiciales han de responder a unos principios científicos y criterios educativos.

Parece consensuado que el Objetivo General en la intervención especializada en el comportamiento criminal es la disminución del riesgo delictivo y tender al desarrollo de las potencialidades del sujeto para favorecer su integración social.

Esta delimitación conceptual debe además responder a dos cuestiones básicas como son el ¿para qué? y el ¿cómo?, puesto que su contestación delimita conceptualmente el Objetivo general, siendo el primer nexo de interrelación jurídico-psicológica que merece una explicación.