Читать книгу El deber de información país por país en el ordenamiento jurídico español онлайн

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Una de las reacciones sociales más relevantes que provocó la crisis financiera que comenzó en 2008 vino motivada por la baja presión fiscal a que, a nivel global, eran sometidos con opulentos beneficios obtenidos por determinadas multinacionales. Aquella situación resultaba especialmente irritante en aquel contexto en el que era evidente que la mayor crisis económica sufrida en mucho tiempo estaba afectando enormemente a la práctica totalidad de la sociedad y en el que estaban teniendo lugar importantes reducciones del gasto público con la consiguiente merma en la prestación de servicios públicos esenciales. Desde el punto de vista fiscal, la respuesta de carácter eminentemente político –que no técnico– vino dada por el tantas veces referido proyecto BEPS (Base erosion and profit shifting) –diseñado por el G20 y ejecutado por la OCDE–. Aquel proyecto no supuso, en realidad, un cambio sustancial en el paradigma de las reglas básicas sobre las que se asienta en la actualidad la fiscalidad internacional. De hecho, de las 15 acciones que conformaban aquel proyecto, la única que realmente supuso una verdadera innovación fue, precisamente, la acción 13 relativa a los deberes de documentación en materia de precios de transferencia y, más en concreto, la propuesta del novedoso estándar del IPP.