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De acuerdo a dicha delimitación, el procedimiento abreviado es de facto el proceso ordinario por delitos, aunque esté regulado en el Libro de los procesos especiales, puesto que la mayor parte de los hechos delictivos encuentran acomodo en su ámbito.

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Diligencias Previas. La propia LECrim le confiere ese carácter ordinario, puesto que encaja en las diligencias previas la incoación de la mayor parte de los procesos penales, como verdadero cajón de sastre donde deben esclarecerse todas las conductas que presentan apariencia delictiva. Así, el art. 779.1 de la LECrim establece las resoluciones de finalización de las diligencias previas (archivo, sobreseimiento provisional, delito leve, inhibición, abreviado e incoación de diligencias urgentes), de lo que lógicamente se deduce que la fase de instrucción del procedimiento abreviado tiene un carácter genérico para todos aquellos hechos que presentan apariencia delictiva.

En la práctica procesal, es común la incoación de diligencias previas para todas las hipótesis de hechos con apariencia de delito; así, los diferentes medios de conocimiento de hechos aparentemente delictivos (v. gr. partes hospitalarios, atestados, denuncias…) originan la incoación de diligencias previas, ya sea como cauce para formalizar la resolución de archivo o sobreseimiento, ya sea para investigar la conducta que presenta apariencia delictiva.