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Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

Ya se ha indicado que en esta letra p) se incluye cualquier delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente en España u otros actos normativos de una organización internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

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Principio de subsidiariedad (art. 23.5 LOPJ). El principio de subsidiariedad supone que la atribución de jurisdicción a los tribunales españoles sólo puede producirse si, además de cumplirse los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico interno en los delitos del art. 23.4 de la LOPJ, queda descartada la actuación de la jurisdicción del lugar de comisión del presunto delito y de la comunidad Internacional.