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II. Esa insuficiencia normativa no sólo es fuente de incógnitas dogmáticas, a muchas de las cuales ofrece respuesta esta obra, sino que también ha conducido a una práctica que cada día se distancia más del concepto histórico de la participación a título lucrativo y que oscurece su fundamento. La utilización de vocablos como “responsabilidad” y “participación” evocan significantes genuinamente penales y aproximan a quien es ajeno a la comisión del hecho ilícito al círculo de destinatarios del reproche que es propio de la jurisdicción penal.

La experiencia de los últimos años ofrece claros ejemplos de ello. No son pocos los partícipes a título lucrativo que, pese a haber restituido durante la fase de investigación el objeto indebidamente incorporado a su patrimonio y aun después de reconocer lo injustificado de ese enriquecimiento, se ven compelidos por el órgano jurisdiccional a asistir al juicio oral y a ocupar un sitio en el banquillo de los acusados. Esta práctica, de indeseada generalización, alimenta una equívoca visión de su llamada a juicio y proyecta la estigmatización inherente al proceso penal sobre quien no debería soportarla. Como apunta el autor, en la participación a título lucrativo “…no se está castigando a nadie, puesto que el partícipe no ha causado el daño y carece de culpabilidad alguna al respecto, sino que se trata de restaurar la situación de injusticia que se ha generado como consecuencia de la obtención por parte del partícipe de un enriquecimiento derivado de lo que obtuvo del delito sin que exista causa que lo justifique”. El partícipe a título lucrativo –concluye el profesor Banacloche– no es “…el culpable del daño, sino su beneficiario”.