Читать книгу Derecho Social a la Convergencia. La construcción de la Sociedad de la Información онлайн

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Por cierto, este hecho no le quita importancia política a la Ley 26.522. Al contrario, la revaloriza aún más, ya que su sanción no terminó con la ley de la dictadura; sino que acabó con algo más complejo, como lo fue la normativa audiovisual que materializaba el pacto tácito entre los medios y el poder político.

Por ello, es preciso detenerse en el marco regulatorio de la radiodifusión, que se fue conformando luego de la sanción de la Ley 22.285, en 1980, durante los posteriores 25 años de democracia. Por entonces, los gobiernos constitucionales, con ligeros matices, estructuraron un estilo de vinculación con los grandes medios, basado en un esquema en el cual se realizaban diversas concesiones, con la intención de influir positivamente en la línea editorial de las empresas periodísticas. En ese contexto, el poder político contribuyó al diseño de un sistema institucional orientado a la concentración empresarial de los grupos mediáticos y a la reducción de la competencia.

Raúl Alfonsín, al principio con cierta razonabilidad, suspendió los concursos para adjudicar radios y canales de TV en abril de 1984, para evitar llevarlos a cabo con las pautas de la ley de la dictadura. No obstante ello, la extensión en el tiempo de esa medida no solo le quitó su inicial legitimidad, sino que objetivamente condujo a que los medios existentes se mantuvieran sin competencia efectiva. Paralelamente, dicha suspensión condujo a una fuerte marginalidad jurídica en todo el sector; principalmente en el terreno de las radios FM.