Читать книгу Derecho Social a la Convergencia. La construcción de la Sociedad de la Información онлайн

61 страница из 66

Luego de la crisis del 2001, y bajo los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Protección de los Bienes Culturales, más conocida como Ley Clarín, que, básicamente, preservó a los endeudados medios nacionales de caer bajo los acreedores extranjeros. Para eso se limitó su participación a un 30% del capital accionario y se excluyó a los medios de comunicación del sistema de cramdown; mecanismo que permite a los acreedores quedarse con la empresa en problemas. Asimismo, se le concedieron a las radios y canales de TV 10 años más de licencia, a través del DNU 527/05 y, sobre el final del mandato de Néstor Kirchner, se aprobó la fusión CableVisión-Multicanal.

Así las cosas, todo el marco regulatorio en materia de radiodifusión materializaba ese pacto tácito entre los grandes medios y el poder político, en donde éste consentía la concentración y la falta de competencia, con el objeto de recibir un tratamiento periodístico favorable.

Esta relación entre el poder político y los medios no fue patrimonio exclusivo de nuestro país. Califano, Rossi y Mastrini (2013) señalan que “En América Latina predominó el modelo comercial norteamericano, conformado por un sistema de radiodifusión oligopólico, comercial y centralizado en los grandes centros urbanos. Los gobiernos alcanzaron acuerdos tácitos con los propietarios de los medios y facilitaron su desarrollo económico a cambio de recibir un trato amigable de parte de la radio y la televisión. En paralelo, se desarrolló una televisión de propiedad estatal vinculada a los intereses de los gobiernos. Salvo contadas excepciones, su capacidad para alcanzar audiencias significativas fue mínima”. (Pág. 14)