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No olvidemos la llamada encuestocracia, es decir, aquellos gobiernos que se rigen por las opiniones de coyuntura, método también propio de los gobiernos autocráticos, que buscan consolidar una percepción intrínsecamente autoritaria del poder, que no aceptan el debate y que ocultan actos de corrupción, atentatorios contra los derechos humanos. Algunas compañías que realizan encuestas suelen aceptar esos encargos inconvenientes para la vida democrática. Fue principalmente durante la etapa final del Gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) cuando se hizo uso extenso de esas prácticas, como está debidamente probado.

Afirma Zagrebelsky que el sondeo puede ser un instrumento útil y lícito mientras se mantenga en el ámbito privado de la previsión de comportamientos colectivos; pero si se convierte en instrumento de gobierno, altera el debate público. Este autor afirma que «debe rechazarse la ilusión de que puede existir una democracia de sondeos»144, por su falta de transparencia y carácter engañoso, más aún cuando el público de los sondeos, las «muestras», está aislado de los demás, obrando como átomos que no interactúan, no intercambian conocimientos ni opiniones. A un pueblo capaz de iniciativa política —dice— y de hacer escuchar su voz, los sondeos le sobran. Y adicionalmente afirma que para que los individuos lleguen a tener capacidad de ejercer una acción política hacen falta instituciones.

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