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32 euros. Ése es el precio de tu voto.

Si sabemos que el Estado consagra cada año menos de un euro por cada ciudadano francés al financiamiento público directo de la democracia,2 pero reembolsa en promedio unos 165 euros anuales a los cerca de 290 mil contribuyentes que han financiado al partido político de su elección —¡y casi 5 mil euros a cada uno de los 2900 hogares que más contribuyen!3—, podemos comprender mejor los interrogantes en torno a la calidad de nuestra democracia. ¿Por qué el dinero público debería permitir a ciertas personas “comprar” el equivalente a casi cinco votos, e incluso, para los más ricos, más de 150 votos? ¿De verdad nos parece que nuestra democracia necesita ese sesgo adicional a favor de los ya favorecidos?

Y eso es sin tomar en cuenta el gasto fiscal asociado a las donaciones a las campañas.4 Mientras el Estado reembolsa, en promedio, 52 millones de euros anuales al conjunto de candidatos que participan en la contienda electoral —y mucho más en los años electorales—, las diferentes campañas reciben 12 millones de euros en donaciones particulares, lo cual genera casi 8 millones de euros en reducciones fiscales: 8 millones contra 52 millones, claro, pero son 8 millones que se repartirán entre unas cuantas decenas de miles de individuos que han expresado sus preferencias políticas por medio de donaciones privadas (es decir, cientos de euros por donador, o incluso varios miles de euros para los más ricos), mientras que los 52 millones de euros de financiamiento público se reparten entre todos los franceses, es decir, menos de un euro por ciudadano.

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