Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958) онлайн

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Ante la inminente huelga en Ferrocarriles del Estado, el 3 de septiembre, el Gobierno había dictado el decreto 1.361 que autorizaba a los Comandos de División para tomar el control de Ferrocarriles, disponiendo que la superioridad de ese servicio quedara a las órdenes del jefe de plaza respectivo. Disponía además que el personal de la empresa puesto a disposición de los Comandos de División o Comandantes de Plaza, quedaría sometido a la jurisdicción militar en cuanto a la secuela o juzgamiento, y al Código Penal en cuanto a la sanción que correspondiera¹³⁴.

Después del segundo manifiesto de las tripulaciones, la negociación se endureció. El almirante Edgardo von Schroeders debió subir al acorazado Latorre, ya que los sublevados se negaron a que la reunión tuviera lugar en tierra. Von Schroeders no les garantizó a los amotinados que serían amnistiados, pero les aseguró que la Armada no los sancionaría hasta que no se investigara exhaustivamente lo sucedido. El 5 de septiembre el Gobierno informó a la opinión pública que las negociaciones habían fracasado y que se veía en la necesidad de adoptar otras medidas para someter a los amotinados: «El Gobierno sobre el cual pesa el deber supremo de salvar las instituciones y la cultura del país, solicita la cooperación patriótica de todos los chilenos. La hora es solemne. Debemos afrontarla con serenidad, resolución y confianza»¹³⁵. Después de ello, el Gobierno envió un ultimátum conminando a la rendición incondicional de los sublevados: