Читать книгу La transición española. Una visión desde Cataluña. Tomo I онлайн

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El juicio sumarísimo finalizó el 9 de diciembre de 1970 y la sentencia se hizo pública el 27 del mismo mes destacando las seis penas de muerte contra: Francisco Xavier Izco de la Iglesia, Francisco Xavier Larena Martínez, Mario Onaindia Natxiondo, Ioseba Dorronsoro Ceberio, Eduardo Uriarte Romero y Iokin Gorostidi Artola. Tres días después, la agencia de noticias Efe puso fin a la incertidumbre sobre el cumplimiento de las sentencias emitiendo el siguiente comunicado:

«Su Excelencia, El jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo de Ministros y el Consejo del Reino, ha tenido a bien hacer uso de las prerrogativas que le concede la Ley Orgánica del Estado y conmutar las penas de muerte impuestas por el Consejo de Guerra celebrado últimamente en Burgos, por las inmediatamente inferiores en grado. S. E. El jefe del Estado se dirigirá a los españoles a las diez de la noche por Televisión Española.»165

Sin duda alguna, la respuesta de toda la oposición fue clara y contundente destacando en Cataluña la presentada por el PSUC que calificó el consejo de guerra de Burgos como un montaje hecho para matar, concibiendo el proceso como el paso necesario para conseguir el régimen tres objetivos principales: primero para realizar una venganza ejemplar contra ETA; seguidamente, para cortar, mediante el temor que producirían los fusilamientos, la actividad de oposición antifranquista, el ascenso de la lucha y el movimiento de masas; y, finalmente, obligar a replegarse a los elementos evolucionistas dentro del régimen para imponer desde el gobierno una política similar a los años cuarenta o cincuenta166. Lo sorprendente del caso fue que la indignación llegó a tal nivel que incluso los jefes de las organizaciones carlistas enviaron un telegrama al jefe del Estado a favor del indulto, la amnistía y la libertad política167.


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