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El perfeccionamiento de aquel sistema se realizaría por la Ley de 27 de marzo de 1900 –obra de don Raimundo Fernández Villaverde– mediante la introducción de un impuesto que gravaba las utilidades de la riqueza mobiliaria o sobre el capital mobiliario, y en el que se incluían también las rentas procedentes del trabajo personal y las de actividades empresariales y los rendimientos procedentes de los beneficios netos de las Sociedades. Del lado de la imposición indirecta, se reestructuró el Impuesto sobre Consumos y aparecieron el Impuesto de Timbre del Estado y el Impuesto sobre el Petróleo, Gas y Electricidad, introduciéndose formalmente el Impuesto de Derechos Reales y Transmisiones de Bienes (aunque, en realidad, este impuesto ya existía desde mediados del siglo XIX, –1859–, habiendo adquirido la denominación indicada a raíz de la Ley de Presupuestos de 26 de diciembre de 1872).

Las mayores críticas vertidas sobre esta última reforma se centraron en el hecho de que había sido profundamente conservadora con el sistema de impuestos reales o imposición de producto, aunque introdujese en ella nuevas figuras que estuvieron ausentes en la de 1845. Quizá fuera cierto que en aquella ocasión debió abordarse ya la implantación de un impuesto sobre la renta de carácter personal, como ya se había producido en otros países europeos.