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Respecto de la retribución, previamente establecida por el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas competentes, en base a módulos, el artículo 22 LAJG señala que «Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio».

En la Comunidad Valenciana, estos módulos se han establecido en el Anexo correspondiente del Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, y que han sido revisados por la Orden 19/2018, de 26 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se revisan las cuantías de los módulos y bases de compensación de los anexos II y III del Decreto 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

El abogado designado –lo mismo los procuradores– tiene el deber de desempeñar sus funciones de asistencia y representación «de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley» (artículo 31 LAJG).

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