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La inquietud mundial ante estos retos llevó, hace unas décadas, a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cristalizó en un primer y emblemático acuerdo internacional con el Protocolo de Kioto de 1997. Sin embargo, la inoperancia en la aplicación de los acuerdos establecidos se prolongó en el tiempo, a pesar de las sucesivas Cumbres del Clima (COP) celebradas a lo largo de los últimos decenios, hasta llegar al histórico Acuerdo de París, suscrito por 195 países en diciembre de 2015. En ese Acuerdo se recogían objetivos e instrumentos más ambiciosos de los logrados hasta entonces, al fijar la meta global de limitar el aumento de la temperatura media mundial en 2 grados, comprometer medidas más eficaces para la reducción de emisiones, incorporar a China y Estados Unidos –los mayores emisores–, prever la movilización de recursos financieros y, en fin, propugnar una economía más «limpia», sostenible y baja en emisiones.

Para alinearse y cumplir con esos objetivos del Acuerdo de París, e impulsar al tiempo una economía sostenible, la Unión Europea ha puesto en marcha la ambiciosa estrategia de Green Deal, destinada a reducir las emisiones, vincular el crecimiento económico con el uso eficiente de los recursos y contribuir a la transformación y modernización de la economía, movilizando cuantiosos recursos para la inversión y generando nuevas oportunidades de empleo y actividad.