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Europa ha convertido, pues, la «transición verde» en una absoluta prioridad y, en las actuales circunstancias de la pandemia de la COVID-19, en uno de los pilares fundamentales de los objetivos de recuperación que persigue la ingente movilización de fondos del programa Next Generation.

Esos mismos compromisos y objetivos han sido plenamente asumidos por nuestro país, mediante una estrategia, alineada con la de la Unión Europea, de «transición ecológica», lucha contra el cambio climático y avance hacia una economía sostenible y circular, basada en el potencial de los recursos naturales disponibles en la esfera de las energías renovables y concebida como una oportunidad de transformación de nuestra economía y un instrumento de impulso a la recuperación tras la pandemia.

Tras años de retraso, la nueva Ley de cambio climático supone un verdadero cambio de paradigma, al incorporar los objetivos de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 por 100 en 2030 respecto a los niveles de 1990 (gráfico 1). La meta final propuesta es la de alcanzar en 2050 la «neutralidad climática» y llegar al 100 por 100 de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, al tiempo que se fomenta la movilidad sostenible, mediante el coche eléctrico y la instalación de una amplia red de puntos de recarga. La norma incorpora igualmente el veto a las extracciones de hidrocarburos y a la técnica de la fractura hidráulica (fracking) y estimula la rehabilitación de edificios para lograr superiores cotas de eficiencia energética. Objetivos como esos han sido incorporados ya al Plan de energía y clima (PNIEC) 2021-2030, que ha sido remitido recientemente a la Comisión Europea y con el que se podría contribuir a movilizar cuantiosas inversiones públicas y privadas (estimadas en 240 mil millones) y crear hasta 350 mil nuevos empleos. Estas favorables estimaciones no deberían hacer olvidar, en todo caso, la necesidad de acompañarse de mecanismos de compensación destinados a los sectores y territorios más perjudicados por los impactos negativos que también comporta ese proceso de «transición verde».