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Alcanzan así máxima expresión todos los inconvenientes y disfuncionalidades del proteccionismo integral, objeto de agudas críticas desde mucho antes por Flores de Lemus, Bernis y Perpiñá. Las consecuencias negativas de su intensidad y prolijidad; de su carácter escasamente coordinado, fruto de concesiones hechas a un grupo de interés tras otro, con neutralización final de los resultados perseguidos. Las limitaciones que se derivan de producir solo para un reducido mercado interior, con baja densidad demográfica y escasa capacidad de compra, desaprovechando muchas de las ventajas de la producción en gran escala y de la especialización. Los costes que para todo el sistema generan las tensiones inflacionistas así alimentadas, y el sacrificio que ello comporta para las empresas exportadoras. Las consecuencias perversas, en fin, que para la actuación de la Administración y de los empresarios tiene un sistema generalizado de autorizaciones previas y discrecionalidad interventora.

No se exagera, por consiguiente, al situar en ese periodo que va desde la mitad del decenio de 1930 hasta el final de los años cuarenta –la segunda España económica del siglo xx– el pasaje más negativo, también en el plano económico y social, de la historia contemporánea española. La Guerra Civil sumó a sus propios efectos distorsionadores y destructivos el impedir que la economía pudiera incorporarse a la recuperación que entonces conocían la mayor parte de los países europeos, tras los años de aguda crisis que siguen al «crac del 29»; y luego, durante la década de 1940, con una situación política interna que impide aprovechar tanto los posibles beneficios de la neutralidad como los del programa paneuropeo de recuperación posbélica (Plan Marshall), el estancamiento económico corrió paralelo al cercenamiento de las libertades y a la pérdida de un capital humano irrecuperable.