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IV. Nuevos riesgos sociales tras la pandemia y respuesta institucional
Un año después de su inicio, a finales de febrero de 2021, el incesante recuento de la pandemia deja cerca de 114 millones de personas contagiadas en todo el mundo, alrededor de 22 millones en la UE y algo más de 3 millones en España. En esas fechas, cerca de 70 mil personas habían muerto en nuestro país a causa de la enfermedad COVID-19, superando el medio millón de personas en la UE y los dos millones y medio en el mundossss1.
Sin embargo, el impacto sobre la mortalidad va más allá de este recuento diario. El exceso de mortalidad es una medida más completa del efecto total de la pandemia, pues permite capturar no solo los fallecidos de COVID-19 confirmados, sino también aquellos que no se diagnostican y notifican adecuadamente, así como las muertes por otras causas vinculadas a la crisis del sistema sanitario (colapso, desvío de recursos o la menor detección precoz de otras enfermedades, como el cáncer).
El ssss1 muestra la evolución durante 2020 del indicador de exceso de mortalidad para España y la UE, calculado como la diferencia relativa (expresada en porcentaje) del número de muertes mensuales con respecto a su promedio del mismo mes durante el período 2016-2019. Para el conjunto del año, el exceso mensual de mortalidad medio en España ronda el 19%, siendo en la UE del 10%. Mientras España registra el valor máximo de este indicador durante la primera ola de contagios, en el mes de abril, un 80% más de decesos que el promedio registrado ese mes en los cuatro años previos; en la UE, el mayor exceso de mortalidad se produce en la segunda ola de contagios, en el mes de noviembre (40%). La caída del gasto público sanitario por habitante en las autonomías durante la crisis de 2008 coloca al sistema de salud español en una posición muy debilitada ante el estallido de la crisis sanitaria. Se ha señalado que: “la pandemia ha dado un aldabonazo a la sociedad española sobre lo muy desatendida e infradotada que estaba la red de salud pública del país”ssss1; especialmente, la atención primaria, lo que ha sido denunciado por Amnistía Internacional como una vulneración del derecho a la saludssss1.