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Por último, no es posible pasar al segundo paquete EIR sin señalar, si quiera de forma breve, algunas de las cuestiones que ha planteado el Comité Económico y Social (CESE) a través de su Dictamen de 3 de junio de 2017 sobre la Comunicación que se acaba de analizarssss1.

A. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados»ssss1

Es importante atender a algunas de las cuestiones a las que se refiere este documento porque en él se plantean asuntos que, desde nuestro punto de vista, son la clave de bóveda del porqué de las deficiencias de aplicación de la legislación medioambiental, al menos en nuestro país, y que son las que aparecen en cursiva.

Comienza el CESE señalando en su apartado de Conclusiones cómo «A las causas profundas de la deficiente aplicación detectadas durante la revisión parece sumarse la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de los Estados miembros para hacer de la mejora sustancial de la aplicación una prioridad política y proporcionar recursos suficientes a tal fin» (apdo. 1.1; en sentido muy similar se manifiesta en los apdos. 3.4, 4.3.4); un poco más delante de nuevo indica cómo «La voluntad política, la integración de las políticas medioambientales y de otro tipo y la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y los procesos de revisión son los requisitos fundamentales para el éxito de la aplicación de la legislación medioambiental en los Estados miembros» (apdo. 1.3 y en sentido muy similar el apdo. 3.7 y 3.8); y, en su apdo. 1.11, último de las conclusiones, señala que «El CESE lamenta que el papel crucial que desempeña la sociedad civil no se refleje suficientemente en la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental. Una mayor participación de la sociedad civil permitiría reforzar el proyecto de revisión. Las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional deben tener la oportunidad de aportar su experiencia y conocimientos a los informes por país, así como a los diálogos estructurados nacionales y a su seguimiento (…)ssss1».

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