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En todo caso, no podemos terminar este apartado sin comentar dos cuestiones referidas al Proyecto REDIA aquí analizado. La primera, tal vez de menor calado, se refiere a cómo han llegado a concluir que la mayoría de los documentos analizados tenían carácter de Planes de Inspección, independientemente de que se llamasen o no «Programas de Inspección».

La segunda cuestión que se quiere plantear, (siendo conscientes, por supuesto, de que este Proyecto se elaboró en octubre de 2011), y que entendemos sí tiene un mayor calado, es la de que en él se haya reconocido que «su contenido es, en su mayor parte, complementario con el de los Programas que lo desarrollan operativamente cada año». De ahí que concluyan: «por tanto, creemos que deben minimizarse las duplicaciones de contenidos entre uno y otro documento»ssss1.

Desde nuestro punto de vista, esto no es más que el reflejo de la ingente cantidad de normas, reglamentos, órdenes, etc., que dificultan la labor, fundamentalmente, de los operadores económicos y que, además, son absolutamente contrarias a uno de los principios básicos de los Estados de Derecho, el principio de Seguridad Jurídica.

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