Читать книгу Una arquitecta del cambio social desde el activismo y las políticas públicas. Testimonios de rutas compartidas con Isabel Martínez Lozano онлайн

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La política pública no puede en ningún caso ser neutra, es decir, carecer de impacto, no poseer la virtualidad de cambiar, modificar o transformar la realidad social sobre lo que se proyecta. Asume el designio de cambiar el entorno de destino y por ende ha de llevar consigo la aptitud para generar transformación. Es el llamado potencial transformador de la política pública, y que por su importancia se eleva al rango de elemento configurante de la política pública. Alterar lo preexistente, introduciendo modificaciones valiosas que, en el supuesto de las políticas sociales, por ejemplo, se expresan en términos de derechos, bienestar, autonomía personal e inclusión, por medio del despliegue de una política pública, es nota inescindible de la acción oficial, y por consiguiente de una de sus concreciones o singularidades que representa la política pública.

Sin discutir que el poder de dirección de la política pública, para lo cual está sobradamente legitimada en una sociedad organizada democráticamente, recae en la autoridad oficial –gobierno o instancia de la administración responsable–, la participación de los grupos de interés de dicha política es hoy condición absolutamente necesaria, hasta el punto de constituir un elemento definitorio y hasta de validez. No se concibe ya la política pública sin que en su dibujo, desarrollo, aplicación y seguimiento estén integradas, mediante vías efectivas de participación, todas las expresiones con potencial interés en la misma, a saber, la ciudadanía más directamente concernida –a título particular y grupal–, las organizaciones cívicas intermedias, el tercer sector, la sociedad civil, en suma. La gobernanza de las políticas públicas se ha comunitarizado, abriéndose, no solo como factor de legitimidad reforzada, sino asimismo de eficacia y resultados, a la presencia y a la influencia del entorno civil de esa política. Y no como favor que generosamente se dispensa, al arbitrio del propio poder director, apto para ser revocado si así lo decide soberanamente el gobierno y la administración, sino como regla ínsita de funcionamiento. Esta gobernanza enriquecida que supone una participación estructurada confiere legitimidad ampliada a las políticas públicas, las torna más permeables y receptivas a las aspiraciones y deseos cívicos, las robustece y contribuye asimismo a su eficacia, por cuanto extiende la base social que se sentirá en mayor grado identificada y hasta coprotagonista de esa parte de la acción pública.