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Esta justicia juvenil constitucional de la que se ha dotado nuestro país ha de preservar todos y cada uno de los derechos constitucionales del menor a la par que conjugarlos con su interés, lo que conlleva, tanto un análisis preventivo de las conductas criminógenas del menor como una evaluación singular del menor, fundamentalmente criminológica, que pueda servir de base para la adopción y ejecución de medidas que haya de acordar la autoridad judicial, flexibilizando y adaptando en función de las circunstancias del caso concreto y en directa relación con las autoridades administrativas, fundamentalmente las entidades autonómicas que asumen dicha labor (como es el caso, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León del Centro de Menores Zambrana, incorporado al grupo de trabajo del proyecto de investigación) de protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en sentencia y el control judicial de la ejecución de las mismas. Para ello contamos, en la presente obra, en el primer caso con la aportación de la profesora Díaz Cortés, y en el segundo aspecto, como uno de los elementos nucleares del proyecto desarrollado, con la participación de Clara Cano Placer, Directora del citado Centro de Menores en Castilla y León y que ofrece el adecuado análisis de la predicción y la gestión del riesgo como elemento de base para intervenir en el menor infractor.